Un eje central fue la discusión del concepto de “bioinsumos” y sus efectos prácticos. Se examinó si conviene unificar definiciones para fines regulatorios, si se requiere un concepto integrado como instrumento de política pública y cómo avanzar hacia una armonización regional. También se abordaron las implicancias de la divergencia conceptual en propiedad intelectual y competencia, especialmente por su impacto en requisitos de registro, acceso a mercado, estrategias de protección tecnológica y condiciones de entrada para actores locales.

Otro bloque se concentró en el desarrollo de capacidades: cómo la regulación nacional y regional puede impulsar capacidades científicas y productivas, qué políticas públicas podrían acelerarlas y de qué modo la armonización reduciría costos y mejoraría la competitividad. En este punto, se destacó el rol de PI y competencia tanto como catalizadores (incentivos, transferencia tecnológica) como fuentes de fricción (barreras de entrada, asimetrías).

Finalmente, se profundizó en retos estructurales: articulación con manejo integrado, brecha investigación–mercado, desafíos técnicos y de formación, disponibilidad fragmentada, restricciones de financiamiento y una regulación en muchos casos heterogénea, burocrática y desactualizada.

El taller dejó insumos valiosos para seguir moldeando el proyecto, priorizar líneas de trabajo y construir una hoja de ruta regional que integre innovación, sostenibilidad, propiedad intelectual y competencia.