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Brasil: Ratifica el Protocolo de Nagoya Sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización.
09.04.2021

El Gobierno de Brasil ratificó el 4 de Marzo 2021 el Protocolo de Nagoya, de 2010, sobre acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización. Pese a que Brasil es signatario del Protocolo desde 2011, el país todavía no lo había ratificado debido a distintos puntos de vista existentes entre el gobierno federal y el poder legislativo.

Brasil fue uno de los países pioneros en la implementación de una ley de acceso al patrimonio genético, al conocimiento tradicional asociado y a la repartición de sus beneficios: la Medida Provisoria 2186-16 de 2001, en sintonía con Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Sin embargo, dicha medida fue cuestionada por distintos sectores. En 2015, se sancionó la Ley 13.123 (Ley de Biodiversidad) que reformuló los marcos para el acceso al patrimonio genético y la investigación científica. Con la ratificación del Protocolo de Nagoya, Brasil robustece su marco normativo respecto de la protección de recursos genéticos y sus derivados

Por ser  un tratado internacional, la entrada en vigor en Brasil dependía de la aprobación del Congreso Nacional. En agosto del año pasado, el documento fue aprobado por la Cámara y el Senado y promulgado en un decreto legislativo, sin embargo aún hacía falta la entrega de la carta de ratificación, que fue entregada en marzo de este año.

La ratificación le permitirá a Brasil participar en las futuras deliberaciones en el ámbito del Protocolo, que tendrán lugar a partir de la próxima Conferencia de las Partes del CDB

El Protocolo de Nagoya, en vigor desde octubre 2014, es un acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que tiene como objetivo la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. El Protocolo proporciona una base sólida para una mayor certeza y transparencia jurídicas tanto para los proveedores como para los usuarios de recursos genéticos.