En Uruguay, por ejemplo, se han conseguido avances importantes en términos de reformas legales que han otorgado facultades sancionadoras y de investigación necesarias pero la autoridad sigue siendo pequeña (personal técnico son 10) y su presupuesto sigue siendo bajo.

Muchas autoridades han permanecido desde su creación en una situación que combina uno o más de los problemas descritos en el párrafo anterior sin haber logrado dar el salto hacia una política de competencia consolidada. Existen algunas excepciones a esto como el caso de Brasil, Chile y Colombia.

Esta situación está relacionada a un problema estructural de desarrollo en la región dado por la economía política en los distintos países. Las economías en Latinoamérica son de corte extractivo de riqueza y no innovadoras. Esto se refleja en medidas desempeño como la baja adopción de tecnologías recientes y poca inversión en investigación y desarrollo. Las compañías dominantes en la región tienen un interés en mantener una política de competencia débil y así proteger sus rentas obtenidas bajo el actual sistema. Para ello usan su poder económico y político para influenciar, entre otros: 1) el diseño de las leyes de competencia, 2) su aplicación, 3) regulaciones que afectan la intensidad de la competencia en sus mercados, y 4) otras áreas de política pública dirigidas al control del poder de mercado y político de las empresas. El poder político puede usarse no solo para cerrar mercados si no para evitar la adopción de regulaciones que obligan a las empresas a internalizar costos de spillovers generados por sus procesos de producción tales como contaminación del medio ambiente.

Existe una relación de mutua influencia entre el poder de mercado y la influencia de las empresas en los procesos políticos de formación de normas que afectan los mercados. Empresas de gran tamaño en términos de ganancias agregadas tienen los recursos para incurrir en gastos de lobby y donaciones a partidos políticos, entre otros mecanismos, para poder influenciar las decisiones estatales. Esto se conoce coloquialmente como “economía de cuates”. Se discutió si el derecho de competencia, tal cual es entendido en el saber convencional, es una herramienta útil para abordar la problemática estructural descrita.

Un punto de discusión fue si es necesario adoptar un enfoque más amplio que el bienestar del consumidor para abordar las problemáticas descritas por medio del derecho de la competencia. Sobre este punto, si bien el bienestar del consumidor y su enfoque en precios no captura el daño total producido por conductas anticompetitivas en la economía, incorporar otras variables (por ejemplo, políticas) en el análisis de los casos conlleva riesgos relacionados a los costos de aplicación de las leyes de competencia (por ejemplo, incertidumbre de las empresas y costos de litigio por la complejidad adicional del análisis).

A la luz de esto, un primer enfoque para maximizar los efectos de la política de competencia sobre el desarrollo socioeconómico de la región puede ser a través del establecimiento de prioridades de las autoridades de competencia. Puede enfocarse la aplicación de la ley en mercados que son estratégicos para objetivos de desarrollo como acceso a tratamiento médico, nutrición, insumos agrícolas, inclusión financiera, educación, etc. y en los que a la vez pueda haber un problema de poder político – que puede ser medido por indicadores como gastos en cabildeo y donaciones a partidos políticos. De esta manera, el análisis de factores políticos y de otras variables como externalidades ambientales y salud quedaría circunscrito a la elección de mercados prioritarios. El análisis del caso concreto (investigación por prácticas anticompetitivas o control de fusiones) se haría con base en el marco analítico actual basado en un entendimiento correcto de eficiencia económica y bienestar del consumidor.

Un problema subsecuente es la efectividad de la aplicación de la ley de competencia en estos mercados. Se habló del problema que muchas empresas tratan las multas e indemnización de daños (en el caso que las leyes los contemplan) como un costo de producción y que esto no altera su comportamiento. Entonces se discutió como posible pregunta de investigación la viabilidad de preferir remedios estructurales – como la desinversión y daños punitivos – en lugar de remedios conductuales cuando estemos frente a las siguientes condiciones: 1) reincidencia y 2) mercados sensibles para el desarrollo económico. La utilización de remedios estructurales es una cuestión de gran relevancia tanto en el plano práctico como el académico. No existe mucha data para sacar conclusiones generales acerca de sus efectos, solo estudios de algunos casos puntuales como el desmembramiento de AT&T en EEUU e IG Farben en Alemania.

Por último, es válido preguntarse cómo se da la interacción entre el derecho de competencia y las demás herramientas de política pública que el Estado tiene para controlar el poder económico y político. Esto puede servir para delimitar los alcances de las intervenciones de las autoridades de competencia.

En resumen, las posibles preguntas de investigación que han salido del taller son las siguientes: ¿cómo priorizan las autoridades de competencia en Latinoamérica los mercados en los que intervienen de oficio? ¿se refleja dicha priorización en la práctica? ¿cuáles son los criterios que las autoridades de competencia pueden utilizar para identificar mercados estratégicos para el desarrollo socio-económico y que a la vez una intervención de la autoridad pueda ayudar a dicho objetivo? ¿Cuál ha sido la utilización de remedios estructurales por parte de las autoridades de competencia en la región? ¿cuáles son los criterios que pueden tomarse en cuenta para preferir dichos remedios por sobre los de tipo conductual? ¿qué tipo de data puede utilizarse para medir el desempeño de estos remedios o de la política de competencia en general? ¿efectos sobre los precios o efectos sobre otros indicadores sobre innovación y productividad? ¿cuál es el rol de las autoridades de competencia en la solución de problemas estructurales de desarrollo dadas las demás herramientas con que cuenta el Estado para el control del poder económico y político de las empresas – tales como obligaciones de transparencia y límites sobre gastos en cabildeo y donaciones a partidos políticos?

Participantes:

México: Enrique García
Costa Rica: Pamela Sittenfeld
Colombia: Juan David Gutiérrez
Perú: Tania Zuñiga
Chile: Felipe Irarrázabal
Brasil: Calixto Salomao
Argentina: Maria Fernanda Viecens y Esteban Greco
Uruguay: Luciana Macedo

Moderador: Francisco Beneke