En relación al sistema de notificación previa de concentraciones económicas se agrega como supuesto susceptible de notificación a los “contratos o acuerdos asociativos, de colaboración, de organización o participativos de cualquier tipo, sea a través de estructuras societarias o contractuales, siempre que la entidad, contrato o estructura jurídica resultante cuente con las funciones plenas de una entidad económica autónoma”. Asimismo, respecto al umbral de volumen de negocios necesario para que una operación sea obligada a la notificación, se estipula que el cálculo de aquél va a incluir hasta la última controlante, lo que amplía en los hechos el grupo de operaciones obligadas al trámite de notificación. 

En relación a esto, se precisa en los fundamentos que, en los supuestos enumerados en la norma vigente, la constitución de una estructura asociativa plenamente autónoma sólo se encuentra sujeta al deber de notificación al Tribunal de Defensa de la Competencia, si a través de su constitución generara una transferencia de control de la empresa o un cambio en su naturaleza. Los legisladores entienden que ello constituye una limitación a la posibilidad de analizar este tipo de acuerdos al momento de su creación.

En cuanto a la institucionalidad del sistema, se incorporan los entes reguladores provinciales que ejercen regulación económica toda vez que la concentración económica de la que se trate involucre servicios que estuvieran sometidos a su regulación.

Asimismo, propone cambios a fin de que la Autoridad Nacional de la Competencia creada en el año 2018 opere rápidamente. Actualmente, ante la ausencia de nombramiento de los miembros, sigue funcionando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia como órgano dentro de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía argentino.

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