El día 16 de junio, la autoridad de competencia brasileña, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), decidió condenar a diez empresas y cinco personas físicas por cartelizarse en licitaciones públicas dirigidas a la adquisición de material escolar y de oficina por parte de los gobiernos municipales de Pernambuco. Las multas impuestas ascienden a 1,5 millones de reales.
Según surge de la resolución, durante la investigación se demostró que los implicados en el cártel dividían el mercado, segmentando áreas de operación y ofertas, combinaban precios e intercambiaban información sensible de la competencia, afectando la naturaleza competitiva de las licitaciones públicas. La estrategia colusoria también incluía el pago de comisiones entre las empresas implicadas en el cártel ilícito, con la emisión de cheques para compensar los éxitos en los procedimientos.
Las pruebas incluyen interceptaciones telefónicas y documentos incautados, tales como correos electrónicos, notas manuscritas con cantidades adeudadas a los competidores, hojas de cálculo con información sobre las ofertas y propuestas de precios de la empresa encontradas en la sede de otra empresa que competía con ella en la licitación.
El cártel afectó el mercado de material escolar, al menos, entre los años 1999 y 2014. Asimismo, las empresas halladas culpables son Comercial Armarinho Oliveira, Inforecife Comércio de Informática e Papelaria, T. E. Papelaria Comercial, L. de Oliveira Logística, Livraria e Papelaria Boa Vista, Livraria e Leal Dantas, Mr. De Carvalho Dandas Comércio - ME, Artshop Comércio, EC Organização de Empresas e Contabilidade Ltda. y Paulo Sérgio Costa da Purificação - ME.
Además de las multas, el Consejo impuso a los infractores sanciones accesorias, como la prohibición de contratar con instituciones financieras oficiales y de participar en licitaciones organizadas por las administraciones públicas federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, así como por entidades de la administración indirecta, por un período de cinco años. A las personas físicas, también les estableció, por el mismo período, la prohibición de realizar negocios en nombre propio o como representante de una persona jurídica.