El CADE declaró a las empresas Nacional Gás Butano Distribuidora, Revendedora de Gás da Paraíba y Frazão Distribuidora de Gás culpables de crear un cartel en los mercados de distribución y reventa de gas licuado de petróleo (GLP), utilizado principalmente en equipos de cocina en Brasil.
El caso se inició en 2009, cuando la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el organismo regulador del sector petrolero, presentó una denuncia contra el cártel. A continuación, la Policía Federal y las fiscalías de varios estados iniciaron investigaciones sobre el cártel. En marzo de 2010, la Policía Federal, la Secretaría de Supervisión Económica y la Fiscalía del Estado de Paraíba lanzaron la Operación Llama Azul, ejecutando docenas de órdenes de registro y detención temporal en todo el país. El CADE obtuvo pruebas de las supuestas prácticas anticompetitivas a partir de un caso juzgado por el tribunal del estado de Paraíba, que incluía escuchas telefónicas y documentos incautados en las oficinas de las empresas investigadas.
La investigación concluyó que los acusados actuaron para restringir la competencia mediante la fijación de precios y la asignación de mercados en la distribución y reventa de GLP. La autoridad descubrió que los revendedores compartían información comercialmente sensible para controlar artificialmente el mercado del GLP y apoyar los cárteles.
El ponente del caso, el Comisario Luis Braido, dijo que las pruebas revelaban que la colusión afectaba al mercado de reventa de GLP en el estado de Paraíba. Las pruebas demostraron que el cartel también afectaba al mercado de distribución de varios estados de la región nordeste de Brasil.
El CADE firmó cuatro acuerdos de cese y desistimiento con algunas empresas investigadas y personas relacionadas. Las partes confesaron haber participado en la práctica y se comprometieron a abstenerse de seguir participando en la actividad de cártel y a colaborar con el CADE para aclarar la conducta y pagar las contribuciones financieras impuestas.
Los acuerdos resultaron en sanciones de más de 193 millones de BRL en contribuciones financieras al Fondo de Derechos Conjuntos de Facto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Los dictámenes periciales de la fiscalía general del CADE comprobaron el cumplimiento de las obligaciones legales.