El CADE publicó sus directrices para la imposición de penas por cárteles. La guía pretende establecer los criterios sobre cómo la autoridad antimonopolio brasileña impone sanciones por prácticas de cartel.
El documento presenta la metodología utilizada por el Tribunal para determinar el nivel adecuado de sanción para los cárteles, con base en la jurisprudencia relativa a las sanciones impuestas por el organismo entre enero de 2012 y diciembre de 2022.
La guía consta de cinco secciones. Hay una que se refiere a los pasos utilizados por el CADE para liquidar el importe de las multas impuestas a empresas, asociaciones, sindicatos e individuos condenados por prácticas de cártel. Otra sección trae informaciones sobre sanciones alternativas a las pecuniarias, en virtud de la legislación antimonopolio, por ejemplo, la prohibición de participar en contrataciones públicas.
Para imponer sanciones, las autoridades del CADE tienen en cuenta la propia conducta anticompetitiva y otros factores que pueden afectar al cálculo de la multa. "En caso de imposición de multas, es esencial ser claro sobre los criterios adoptados, especialmente para las multas base y los tipos impositivos. Además, las multas deben ser proporcionales mediante la determinación de acciones disuasorias necesarias, adecuadas y suficientes para retirar los incentivos a los agentes económicos, ya sean individuos o empresas, de participar en la conducta anticompetitiva revisada", según se menciona en un extracto del documento.
Para Alexandre Cordeiro, presidente del CADE, la guía proporciona a las partes y a la sociedad más información sobre cómo la autoridad brasileña impone sanciones por prácticas de cartel. "El documento es una herramienta relevante para las personas que trabajan con la defensa de la competencia en Brasil, ya que es un símbolo de un hito importante en el cumplimiento de nuestra misión institucional, garantizando que el proceso de revisión de las conductas anticompetitivas sea claro y transparente", afirmó.
La guía no es una norma y no modifica el Estatuto del CADE, la Resolución nº 3/2012 o la Ley 12529/2011. Las prácticas y procedimientos presentados podrían cambiar, dependiendo de las circunstancias específicas de los casos reales.