El 27 de mayo de 2021, la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) rechazó un proyecto de regulación que le arrogaba al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) la facultad de regular permanentemente el precio del arroz. Para ello, indicó que aquella regulación resultaba contraria a sus leyes de competencia y las recomendaciones de la OCDE.
Según el COPROCOM, la intención del MEIC de regular los precios de los bienes y servicios es contradictoria con sus propias políticas teniendo en cuenta que aquél ministerio es el encargado de liderar el proceso de desregulación en el país. En ese sentido, indicó que las previsiones contenidas en el proyecto de regulación son “discrecionales, irreflexivas y precipitadas, sobrepasando lo definido por el legislador en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, que establece que la regulación de precios sólo podrá llevarse a cabo en situaciones de excepción y de manera temporal”.
Asimismo, se expuso que la reforma buscaba introducir un artículo que permitiría la regulación permanente del arroz basada en “condiciones atípicas”, sin que se tenga un parámetro concreto sobre los criterios técnicos y objetivos para definir un escenario de esa magnitud, eliminando al parecer la necesidad de motivar la medida, lo cual es requerido por la ley.
Vale mencionar que, actualmente, el precio del arroz se fija mediante decreto del Gobierno y luego de aplicar un mecanismo establecido en la ley. El proceso permite que la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) realice un análisis del mercado y lo presente ante el MEIC con la petición de ajuste. Posteriormente, el Estado nacional realiza un estudio y, sobre la base de aquel resultado, se fija el precio mediante un decreto. De ese modo, es el único producto en el país cuyo precio se fija por un decreto del Gobierno. Solo algunas tarifas de servicios son establecidas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).