El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) condenó a siete empresas y dos personas por su participación en un cártel en licitaciones públicas municipales, celebradas en todo el país, para la adquisición de Unidades Móviles de Salud (UMS) y equipos médicos y dentales.
Los participantes en la colusión combinaron la presentación de propuestas de cobertura con el objetivo de simular la competitividad de los procesos de licitación, aunque ya había un ganador predefinido según los objetos o el lugar de las licitaciones. Las empresas actuaron de esta manera entre 1999 y 2005.
El proceso administrativo se inició en 2008, sobre la base de las pruebas reunidas por la "Operación Sanguessuga", impulsada por la Policía Federal y el Ministerio Público Federal. El material probatorio del caso en CADE reúne más de 5 mil documentos relacionados con la investigación del caso y prueba la existencia del cártel.
