La Superintendencia General del CADE emitió un dictamen sugiriendo la condena de las partes involucradas en dos investigaciones de casos de cárteles en contrataciones públicas. Las prácticas se referían al mercado de producción gráfica en el estado de Rio Grande do Norte y al mercado de servicios subcontratados en el estado de Espírito Santo.
El primer caso investigaba una presunta colusión en las licitaciones que los municipios del estado de Rio Grande do Norte celebraban para adquirir material gráfico. El escrutinio se inició en septiembre de 2016 a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía del Estado de Rio Grande do Norte fundamentada en cuantiosas pruebas incautadas durante un registro e incautación llevados a cabo en el municipio de Caraúbas de dicho estado.
La Superintendencia General del CADE constató que el cártel se produjo entre 2012 y 2014 y consistió en acuerdos entre competidores para fijar precios, condiciones y ventajas y dividir el mercado. Para ello, los competidores preparaban cotizaciones de precios conjuntamente y compartían documentos e información sensible desde el punto de vista de la competencia. Sus acciones coordinadas destinadas a perjudicar la competencia en las contrataciones de los municipios también se observaron en las subastas inversas electrónicas.
Por lo tanto, el sector investigador del CADE recomendó que diez empresas y 11 individuos fueran condenados por la conducta anticompetitiva.
El segundo caso investigó la presunta colusión en las contrataciones del estado de Espírito Santo destinadas a adquirir servicios subcontratados de conservación de edificios y servicios relacionados con las comidas escolares. El escrutinio se inició en abril de 2019 a partir de las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado de Espírito Santo.
De acuerdo con la investigación, la conducta anticompetitiva se produjo entre 2009 y 2018, consistente en el acuerdo de los rivales en la asignación de franjas horarias de la Subasta Inversa Electrónica nº 037/2016 y las compras realizadas por el municipio de Cariacica. Las pruebas demuestran que los implicados dividieron el mercado y presentaron ofertas encubiertas para falsear la competencia entre las empresas participantes.
Por lo tanto, el sector de investigación del CADE recomienda condenar a cuatro empresas y cuatro personas relacionadas con el caso,que ahora se somete al Tribunal del CADE para una decisión final. Si son condenadas, las empresas están sujetas a multas de hasta el 20% de los ingresos que la empresa haya obtenido de la línea de actividad específica en el año anterior al inicio del procedimiento administrativo. Las personas físicas están sujetas a multas que oscilan entre 50.000 y 2.000 millones de BRL.
